Lunes, 4 de Julio de 2022

(CI): El estado liberal abortado (I): El inicio de las guerras carlistas

Viernes, 13 de Mayo de 2022

El 29 de septiembre de 1833, tuvo lugar la muerte del rey Fernando VII.  Apenas faltaban unos días para que cumpliera los cuarenta y nueve años. Su muerte sería el pistoletazo de salida para el inicio de las guerras carlistas.  Aunque se consideran habitualmente como un conflicto dinástico librado por añadidura entre miembros de la misma familia, lo cierto es que en ellas se enfrentaba una noción vieja, obsoleta, atrasada y probadamente dañina de España con otra nueva, adaptada a la modernidad y deseosa de avanzar, con todos los matices que se desee, como otras naciones occidentales.  En torno a don Carlos no se agrupaban únicamente los partidarios de su más que dudosa legitimidad dinástica sino, sobre todo, los que aborrecían el liberalismo que, a la sazón, era una doctrina política condenada expresamente por la Santa Sede.  Frente a la idea de una sociedad libre, impulsada hacia el desarrollo capitalista e impregnada del amor por la libertad, el carlismo propugnaba una sociedad vertebrada en torno a una monarquía absoluta, a una legislación derivada de la doctrina de la iglesia católica,  a una supresión – derivada de la circunstancia anterior - de cualquier sistema de libertades, a un modelo económico fundamentalmente agrario y aristocrático, y, posteriormente pero no en el momento inicial, al mantenimiento de los privilegios medievales de ciertas regiones. 

       Los liberales, sobre los que se apoyaba inevitablemente la regente, aunque excluyendo, por ejemplo, libertades esenciales como la religiosa buscaban para España el desarrollo que habían previsto sus congéneres de las Cortes de Cádiz durante la Guerra de la Independencia, teniendo como modelos lo que estaba sucediendo en Francia y, especialmente, en Gran Bretaña, la nación más desarrollada de la época.  Los carlistas, por el contrario, pretendían un regreso, en teoría, al Antiguo régimen previo a la Guerra de la Independencia pero en tal manera idealizado que cuando se introdujeron en él los elementos regionalistas implicó más bien el retorno a formas de gobierno medievales todavía más absolutas.  Así, cuando el mundo civilizado caminaba hacia la unidad de jurisdicciones, el sistema de códigos unificados para todo el territorio nacional y el reconocimiento de la libertad de conciencia ya consagrado por la Reforma protestante del siglo XVI, los carlistas pretendían suprimir ésta y mantener las peculiaridades forales propias del Medioevo.  Que el liberalismo fuera una corriente urbana e industrial – aunque no sólo eso – y que el carlismo quedara fijado en el campo, en zonas densamente clericales y con mayores restos de normativas medievales no resulta extraño.  En realidad, era lo natural.  De la misma manera, no puede sorprender que, desprovisto ya del elemento dinástico y acentuadamente español, buena parte de ese carlismo acabara evolucionando hacia la creación de los nacionalismos catalán y vasco en los que “la sangre y el suelo” – y la idea teocrática católica - tendrían un valor muy superior al de los principios democráticos. 

      El apoyo que recibieron los carlistas fue diverso según las distintas regiones españolas.   Fundamentalmente, procedió de medios rurales que contemplaban con desconfianza los cambios y en ocasiones de ciudades pequeñas, si bien circunscritas a las Vascongadas y Navarra.  En estos casos, resultó fundamental el respaldo de un clero que no terminaba de asimilar que Fernando VII no hubiera restaurado los plenos poderes a la Inquisición.  En general, los carlistas aspiraban no tanto a contener la revolución – como diría la propaganda posterior – como a restaurar el Antiguo Régimen y tenían como objetivo, sin discusión alguna, una política de atraso.  Los cristinos eran reformistas y católicos - pero no revolucionarios ni integristas – y buscaban modernizar la nación y acabar con las desigualdades históricas entre las regiones, una tarea que permanecía inconclusa desde hacía siglos y en la que se había estrellado entre otros el Conde-duque de Olivares..

     En buena medida, fracasaron los carlistas porque, como siempre que se permite elegir, el integrismo católico resultaba insoportable incluso para muchos de los que pertenecían a la misma iglesia.  Se mirara como se mirase, el regreso al Antiguo Régimen no constituía un programa político popular o atractivo.  De hecho, su apoyo quedó muy limitado a zonas como las Vascongadas, Navarra, el agro catalán, Logroño y el Maestrazgo.   Por añadidura, sus jefes militares – a pesar de la leyenda – distaban mucho de ser eficaces y nunca pasaron de dominar zonas pequeñas mediante el terror o la ejecución de cabalgadas de nula repercusión militar como fue el caso de la de Gómez en 1836 que llegó a Santiago de Compostela o la Expedición real de 1837 que se acercó a Madrid.   El mismo Zumalacárregui fue un guerrillero, que demostró su escasa eficacia en acciones más organizadas.   Córdova lo derrotó en 1834 en Mendaza y Arquijas y en 1835 en Artaza.  Para colmo, a pesar del catolicismo de su causa, no tuvo empacho alguno en disponer de la vida de indefensos prisioneros de guerra.    Así, Zumalacárregui ordenó el fusilamiento de ciento dieciocho prisioneros que pertenecían a los Celadores de Álava, una unidad creada en diciembre de 1833 para proteger a los pueblos de Álava del terror carlista.  Se habían rendido, tras una encarnizada resistencia, bajo promesa de que se respetarían sus vidas.  Zumalacárregui ordenó que se los fusilara en contra de la opinión del comandante alavés Bruno de Villarreal que habló de las consecuencias negativas - no de las razones humanitarias – de un comportamiento así.   No se trató de un comportamiento excepcional porque Zumalacárregui era partidario de emplear el terror y de manera habitual fusilaba a los prisioneros.  Sólo el convenio Lord Elliot impidió la continuación de estas matanzas.   En no escasa medida, Zumalacárregui era un hombre de otros tiempos, aquellos en los que se consideraba que la cruz podía legitimar las matanzas de inocentes.  Sin embargo, el crimen por si sólo no ha garantizado nunca la victoria militar.  Al final, la guerra fue conducida con mucho más eficacia por los cristinos y las victorias de Espartero en Ramales y Guardino (1839) acabaron obligando al general carlista Maroto a llevar a cabo el denominado abrazo de Vergara, es decir, concluir las hostilidades mediante el símbolo de un abrazo entre ambos generales.  La guerra, que había tenido un claro componente católico, concluyó así con una muestra de generosidad por parte de María Cristina que los carlistas nunca agradecieron.  En virtud de la paz firmada en Oñate en agosto de 1839, los militares carlistas siguieron en el ejército y Navarra y las Vascongadas conservaron unos privilegios que eran anacrónicos e injustos.  Por supuesto, aquel final no solucionó ninguna de las cuestiones pendientes, pero de ella emergió la iglesia católica en una situación en nada debilitada.  El régimen liberal no sólo no se había asentado constitucionalmente sino que, por añadidura, tenía apuntado contra su cuello una situación fiscal privilegiada en Vascongadas y Navarra que impedía articular una nación de ciudadanos libres e iguales además de una amenaza continua en un carlismo fácilmente excitable.  Con el tiempo, la guerra volvería a estallar, pero, en cualquiera de los casos, el estado liberal nunca sería lo suficientemente fuerte como para poder intentar acabar con los privilegios de la iglesia católica.  De hecho, el único intento de acometer tan necesaria tarea era ya cuestión del pasado cuando llegó a su fin la primera guerra carlista.

CONTINUARÁ

 

 

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